LA ALTA Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió ayer a Managua a un "cambio urgente" de actitud en el proceso electoral y a "liberar" a los opositores detenidos "arbitrariamente" meses antes de las elecciones.

"Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, llamando a "liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente".

La expresidenta chilena urgió a "cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático".

En paralelo a la reunión, 59 países, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil y España, también llamaron a Managua a liberar a los opositores detenidos en virtud de unas controvertidas leyes.

"Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas", agregan estos países, que llaman a Managua a "comprometerse con la comunidad internacional" y a "permitir la presencia de observadores electorales internacionales".

"Los nicaragüenses merecen unas elecciones libres y justas, mediante un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica", concluyen las 59 naciones.

Ante el Consejo, el canciller nicaragüense, Denis Moncada, denunció por su parte las "acciones injerencistas" de Estados Unidos y de las naciones europeas y defendió que las leyes en Nicaragua, que "se respetan", "son similares o iguales a la de cualquier país del mundo".

Racha de detenciones

A cinco meses de las elecciones generales, las autoridades del país centroamericano han detenido a 19 opositores, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia, el último de ellos la ex primera dama María Fernanda Flores, el lunes.

A todos ellos se les aplica una ley aprobada por el Congreso oficialista que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno, cometan actos que "menoscaban la independencia, soberanía" e inciten "a la injerencia extranjera".

Estas detenciones, según los analistas, buscan despejar el camino para la reelección del sandinista Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo al frente del país.

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Ortega, de 75 años, encara una crisis política desde 2018, tras manifestaciones contra su gobierno que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.

Para el sociólogo Oscar René Vargas, la lógica de Ortega es eliminar a cualquier potencial rival que ponga en riesgo su reelección.

El proceso electoral se desarrolla "bajo un estado de sitio de facto", dijo. Según Vargas, la estrategia de Ortega es permitir la participación de candidatos a su medida "para ganar un mínimo de legitimidad".

Pero, ante la reacción internacional, "podría verse obligado a llamar a una negociación antes de la votación", estimó Vargas, quien está exiliado en Costa Rica tras las protestas de 2018.

Aislamiento internacional

El Consejo Permanente de la OEA aprobó con 26 votos, el 15 de junio, una resolución de condena a la persecución de opositores. Se trata de una votación no alcanzada en otras sesiones sobre la situación del país centroamericano, y demandó la liberación inmediata de los detenidos.

México y Argentina prefirieron la "no intervención en asuntos internos". Sin embargo, este lunes ambos países llamaron a consultas a sus embajadores en Managua ante las "preocupantes acciones políticas-legales" del gobierno, "que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición".

En tanto la oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) llamó a Naciones Unidas a incrementar la presión para proteger los derechos humanos y asegurar elecciones libres en Nicaragua, y pidió llevar el tema al Consejo de Seguridad, argumentando un peligro de inestabilidad en la región.

Costa Rica, anunció de su lado que mantiene en suspenso el nombramiento de Xinia Vargas como su embajadora en Nicaragua, debido a las "actuales condiciones políticas" en ese país.

Para la canciller de Panamá, Erika Mouynes, "estamos viviendo lo que se vivió en algún momento cuando la situación con (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro recrudeció" y se reaccionó con sanciones.

"Es poner a prueba a la comunidad internacional: si utilizamos la misma receta y no tenemos soluciones concretas, o vamos a encontrar alguna manera de tratar de aliviar la situación (...) en beneficio del pueblo nicaragüense que realmente se merece unas elecciones transparentes", dijo./AFP