* Impronta social de los tributos
* El esfuerzo de la empresa privada
El Gobierno presentó en sociedad los rasgos fundamentales que habrá de tener la nueva reforma tributaria, llamada también ley de Inversión Social. Y que debe ser radicada en el Congreso el próximo 20 de julio en el propósito esencial de fondear el gasto social del Ingreso Solidario, el subsidio a las nóminas para la defensa del empleo, y los inéditos programas de educación superior pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3 así como la creación de puestos de trabajo para jóvenes entre 18 y 28 años.
En esta ocasión se ha tenido el cuidado de no caer en los graves errores políticos que dieron al traste con la reforma previa y cobraron la cabeza del entonces ministro de Hacienda. Como se sabe, el anterior proyecto fue presentado prácticamente sin concertación con los estamentos políticos y económicos, además, dejando imprudentemente de lado los estragos económicos de la pandemia en una clase media empobrecida en una proporción significativa. La nueva reforma, por el contrario, ha estado precedida de una amplia labor de explicación en busca de consensos y una mejor pedagogía, como se había solicitado reiteradamente en estas líneas, incluso frente al plan tributario antecedente. Esto permite de algún modo suponer que no se den tropiezos de gran alcance en el trámite parlamentario, puesto que el nuevo proyecto viene socializado con las bancadas que han tenido la oportunidad de incluir sus ideas.
Acorde con lo ya anunciado por el Ejecutivo no se tocó el IVA, tampoco se gravaron las pensiones, ni se amplió la base tributaria (en contra de la recomendación prioritaria de la Comisión de Expertos). El grueso del esfuerzo fiscal recaerá, en consecuencia, sobre las empresas como personas jurídicas: la tarifa marginal de la renta, que según la ley debía reducirse del 33 al 30% en las próximas vigencias, ahora se propone elevarla a un nivel del 35%, además con carácter permanente. También se establece una sobretasa superior para las entidades financieras. Y las empresas ya no podrán reducir sino en un 50% (que según las normas debía incrementarse hasta 100%) el descuento de lo pagado en los impuestos municipales del ICA.
Ante la crisis mayúscula por la que atraviesan los sistemas de transporte público masivo, generada por las restricciones a la movilidad en medio de la pandemia, el proyecto prevé también que el gobierno central asuma el 50% de los déficits que estas empresas han acumulado en los últimos tiempos.
Aparte del esfuerzo sustancial que reposa en los hombros de la empresa privada, otro saldo de los recaudos esperados provendrá de la profundización gubernamental de las medidas contra la evasión, que en Colombia tiene niveles alarmantes, así como de una reducción considerable en diversos índices relacionados con la irritante y anómala cantidad de gastos de funcionamiento superfluos. Es fundamental que la promesa oficial de eliminar el gasto público inoficioso, por donde además se filtra la corrupción, sea un compromiso real y no retórico. Una señal contundente en este sentido es indispensable para tener autoridad al solicitar nuevos tributos a los contribuyentes.
La columna vertebral del nuevo proyecto está pues en el campo social. Colombia, como otras partes del mundo, atraviesa por una crisis sin antecedentes en esta materia. A cuenta del apagón económico, suscitado en parte por las cuarentenas, las cifras de desempleo siguen altísimas y a raíz de los trastornos pandémicos se incrementó en siete puntos la franja de pobreza. Uno de cada tres hogares recientemente encuestados por el DANE dice no contar con ingresos suficientes para adquirir las tres comidas diarias. Por ello es fundamental que varias de las disposiciones del nuevo proyecto vayan precisamente en la dirección de orientar el gasto público hacia las urgencias sociales inaplazables, algunas de las cuales deberán quedarse permanentemente de política pública, como la financiación estatal a la educación superior de los estratos de menor o nula capacidad de gasto, y el fomento del empleo para los jóvenes entre los 18 y 28 años que, ciertamente, hacen parte de una impronta social que el país debe continuar con todo énfasis y sin populismo.
Con las bases de la nueva reforma se espera recaudar 15,2 billones de pesos a partir de su vigencia que será el 2022. Son aspiraciones recaudatorias menores a las previas, cuando se pretendía mantener el grado de inversión de las calificadoras de riesgo, pero los rubros continúan siendo de envergadura social nunca vista.