* Altas y bajas en una lucha vital
* Redoblar políticas y programas
Entre las muchas cruzadas que el país está adelantando una de las más importantes es, sin duda alguna, la lucha contra la deforestación. Como lo hemos reiterado en estas páginas Colombia se distingue a nivel continental por sus políticas ambientales y de desarrollo sostenible, lo que se explica no solo porque la preservación de la biodiversidad se elevó al estatus de asunto de seguridad nacional, sino porque nuestro territorio es uno de los más vulnerables a los efectos lesivos del cambio climático.
Como es común en toda cruzada hay altas y bajas. En el combate a la deforestación, por ejemplo, en la última semana se han dado malas y buenas noticias. En cuanto a las primeras impactó y decepcionó que, según el reporte del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Ideam, el año pasado en nuestro país se perdieron 171.685 hectáreas de bosque a causa de este flagelo, lo que significa un aumento del 8% frente al nivel de afectación reportado en 2019.
Obviamente es un retroceso que tiene distintas explicaciones y que no alcanza a convertirse en medianamente positivo por más que se señale que, aun así, esta cifra es la segunda más baja en los últimos cinco años.
Sin embargo, en el mismo reporte se dio a conocer que durante el primer trimestre de 2021 la destrucción de bosques volvió a la tendencia descendente, sobre todo en algunos de los departamentos más afectados con este flagelo, como Meta, Caquetá y Guaviare, que representan más de la mitad de la deforestación en el país.
Por otra parte, debe destacarse que se haya lanzado en los últimos días una nueva política pública e incluso un documento Conpes con el fin de fijar los lineamientos a seguir para proteger 31 millones de hectáreas de bosques en Colombia. De esa extensión resulta clave que casi 20 millones se encuentran en los Parques Naturales.
A ello hay que sumar que recientemente entró en vigor una ley que agrava las penas por delitos contra el medio ambiente, lo que da a las autoridades más ‘dientes’ para perseguir y castigar ejemplarmente a quienes talan bosques, ya sea para ampliar de manera ilegal y depredadora la frontera agrícola o la ganadería extensiva, o incluso para actividades típicamente criminales como los narcocultivos o el contrabando de madera. Es evidente que contra todos estos actores ilícitos las autoridades han logrado redoblar las acciones de persecución y judicialización, sobre todo en el marco de la operación de largo aliento y especializada “Artemisa”. Sin embargo, se requiere aumentar todavía más la eficacia de la Fuerza Pública.
También será muy importante en la lucha contra la deforestación que en septiembre próximo se dé a conocer tanto la política pública como el documento Conpes que establece el nuevo marco de acción para la preservación de las áreas naturales protegidas en nuestro país.
Como es apenas lógico, esta cruzada es una batalla que debe intensificarse a diario, sobre todo de cara a alcanzar la meta de cero deforestación al 2030. De allí que sea imperativo impulsar más herramientas contra este flagelo. En ese orden de ideas, es vital robustecer el plan de Pagos por Servicios Ambientales, los Contratos de Conservación Natural, la implementación de Negocios Verdes, los Guardianes de los Bosques, el turismo sostenible, y las campañas de pedagogía en educación ambiental. De igual manera, tanto en el marco del Pacto de Leticia como de otras políticas nacionales e internacionales se requiere acelerar el paso de los programas de protección de la selva tropical húmeda amazónica, incluso gestionando más financiamiento internacional. Igual es imperativo seguir fortaleciendo la política forestal con fines comerciales, así como profundizar la aplicación de los decretos sobre el uso de no maderables del bosque. No menos clave es incrementar la eficiencia de las corporaciones autónomas regionales. Y, obviamente, es urgente agilizar el gran objetivo de sembrar 180 millones de árboles al 2022, que no ha llegado a la mitad de la meta.
Como ya se dijo, la protección de la riqueza en materia de bosques en Colombia es un asunto de seguridad nacional, no solo por la preservación del potencial en biodiversidad sino para poder cumplir con las metas de combate al cambio climático, especialmente la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la carbono-neutralidad en menos de tres décadas…Visto ello, es obvio que todos, entonces, estamos llamados a ser cruzados en la batalla contra la deforestación.