Una propuesta de Fedesarrollo, que podría implementarse paralelamente con el articulado que se apruebe en el proyecto de Inversión Social o reforma tributaria que radicó el Gobierno en el Congreso, promete reducir considerablemente el hueco fiscal de casi 8% que tiene el país.
Según indicó Luis Fernando Mejía, director de esta institución, anualmente se pierden recursos del orden de 5,4% del PIB. En materia de cifras de la evasión en Colombia, de acuerdo con sus cálculos, esta llega al 0,7% del PIB en impuesto de renta de personas, al 0,06% en ingresos laborales y al 0,6% en dividendos e ingresos de capital.
En total, la evasión del impuesto de renta a empresas suma el 3,4% del PIB, mientras que la evasión del IVA llega al 1,3%, de acuerdo con estadísticas de la DIAN. Es por eso que, para frenar esta situación en Colombia, Fedesarrollo formuló reformas en el aspecto de información y transparencia.
Entre estas iniciativas están:
1.- Limitaciones en deducciones y transacciones
Se plantea la creación de una cláusula antiabuso que impida deducir gastos personales del impuesto de renta de empresas y personas con actividades empresariales. Las personas jurídicas y naturales no podrán hacer transacciones en efectivo de inmuebles, semovientes, joyas, obras de arte, vehículos, aeronaves y embarcaciones con valor superior a los $2.000.000. Las personas que se desempeñen en servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, no podrán recibir pagos en efectivo producto de su actividad. La remuneración a los socios y accionistas de empresas y empresarios individuales y sus cónyuges o hijos solo será deducible en la medida en que se ajuste a la remuneración de mercado para empleos similares.
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2.- Valoración de activos y fusiones
Para propósitos del impuesto al patrimonio, los inmuebles, activos financieros y no financieros deberán ser valorados a precios de mercado, no a su costo histórico. Debe haber un proceso de actualización catastral en predios rurales para efectos de que sean declarados en el impuesto predial y el impuesto sobre la renta a precios de mercado. También, una sociedad absorbente no podrá utilizar las pérdidas fiscales de la sociedad absorbida para compensar contra las rentas gravables generadas después de la fusión.
3.- Asesoría tributaria
La remuneración del asesor tributario de una persona jurídica o natural, no puede estar atada al impuesto a cargo del cliente que resulta de tal asesoría. Hay que establecer que los asesores tributarios sean judicialmente responsables por las declaraciones tributarias de sus clientes, cuando se demuestre que su asesoría haya conducido a prácticas abusivas o evasoras. El asesor tributario debe informar a la DIAN sobre esquemas de planificación tributaria ingeniosos (creativos, agresivos).
Reforzar los tipos disciplinarios y penales relacionados con las prácticas de defraudación fiscal que permiten supervisar, regular y sancionar la actividad de los asesores tributarios dependiendo de su grado de participación
4.- Mecanismo de control y sanciones
Implementar dos sistemas informáticos para el control del crédito fiscal: un sistema de revisión de proveedores y otro de anotación de contribuyentes. Crear una lista de personas autorizadas para generar un gasto deducible. Automatización de la retención en la fuente (comprobante electrónico para la DIAN en el momento de la retención). Sanción penal por evasión tributaria no debe extinguirse luego del pago de los impuestos y multas correspondientes (puede reducirse).
5.- Personal de la DIAN
Establecer un régimen de remuneración y estabilidad laboral en la DIAN, que permita la contratación y remuneración adecuado de personal especializado de muy alto nivel, sujeto a remoción discrecional por razones de integridad o por participación en acuerdos de cualquier tipo con los declarantes o evasores. Además, se debe evaluar a los funcionarios de la DIAN en función de su desempeño individual y eliminar los incentivos en función de metas sobre el crecimiento del recaudo.
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La tributaria
De otra parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, radicó con mensaje de urgencia el Proyecto de Inversión Social que busca recaudar $15,2 billones al año.
La iniciativa presentada al Congreso de la República beneficiará a 7,8 millones de hogares (más del 50% del total, los cuales recibirán recursos para aliviar el impacto de la pandemia de covid-19) y se constituye en el proyecto fiscal más ambicioso que se ha presentado en materia de recaudo durante los últimos años.
En un articulado corto, la propuesta, resultado de un consenso con distintos actores de la sociedad, como jóvenes, congresistas, beneficiarios de programas sociales, empresarios y autoridades departamentales y municipales, pretende proteger a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas.
Es así como se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegará a más de 4 millones de hogares a partir de abril de 2022.
De acuerdo con el Ministro de Hacienda, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $160.000 mensuales. A partir de julio de 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $267.579 y $195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos. “Con esto, queremos darle continuidad al esfuerzo en reducción de la pobreza, que ha venido realizando el Gobierno nacional”, agregó.
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Empleos
Así mismo, el proyecto contempla un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25% de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años. Para el resto de la población que gane hasta 3 salarios mínimos, se dará un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo.
El apoyo a la nómina (PAEF) es otro de los programas que se planea extender. Estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados.
Se alargará por seis meses adicionales, hasta diciembre de 2021, beneficiando así a 400.000 empleados, con un costo de $1,1 billones.
De otro lado, el proyecto de Inversión Social también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $700.000 millones.
La propuesta de igual forma contiene un ambicioso plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de $1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio.
Otro de los grandes pilares del proyecto de ley radicado en el Legislativo es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $2,7 billones anuales.
El aporte de las empresas
El proyecto de la tributaria contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50%, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.
Se propone también establecer una tarifa de renta para compañías de 35%. En 2017, esta tarifa de renta era de 40%, y en 2018 de 37%, para empresas con utilidades de más de $800 millones. Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen SIMPLE de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.
Se plantea una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior. “Cada vez tendremos más jurisdicciones para intercambiar información en todo el mundo. Contamos con más de 110 jurisdicciones cooperando con la DIAN”, explicó Restrepo.
El Ministro destacó que hay un acuerdo nacional en el que las clases medias no se deben gravar con impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y, por consiguiente, de la reactivación. En este sentido, insistió en que la propuesta no tocará el impuesto a la renta de personas naturales, ni modificará la estructura del IVA.