Un vecindario político complicado es el que tendrá Colombia a partir de hoy en el escenario andino. Por más que el gobierno Duque trate de mantener buenas relaciones con todos los países suramericanos es claro que la interacción con algunos de ellos es más fácil que con otros, en gran parte debido al nivel de afinidad o distancia política e ideológica de los respectivos mandatarios.

Una prueba de ello es que los procesos electorales del último año cambiaron el mapa político en la región andina. En octubre pasado la izquierda volvió a retomar el poder en Bolivia, tras más de un año de un gobierno provisional de la derecha, que había asumido en noviembre de 2019, luego de que el mandatario de origen indígena Evo Morales renunciara (después de trece años en el poder) debido a las evidencias de un fraude electoral en los comicios presidenciales en los que buscaba hacerse de un nuevo periodo, saltándose incluso una norma constitucional que se lo prohibía expresamente.

Con Morales exiliado primero en México y luego en Argentina, su partido Movimiento al Socialismo (MAS) postuló a Luis Arce, exministro y ficha directa del dimitido exmandatario. El candidato en los comicios de octubre pasado se impuso a todos los rivales en primera vuelta. Tras su posesión en noviembre siguiente, Morales regresó de inmediato al país.

En Perú también se dio un giro a la izquierda. Tras la destitución en noviembre pasado de Martín Vizcarra (que había asumido el poder en marzo de 2018, luego de la renuncia del empresario Pedro Pablo Kuczynski salpicado por el escándalo de Odebrecht), el gobierno lo asumió de manera temporal Francisco Sagasti, un congresista considerado como liberal moderado, que debía citar a elecciones a los pocos meses.

Esos comicios terminaron el pasado 6 de junio con el triunfo del profesor de escuela rural y líder sindicalista Pedro Castillo, quien asumió ayer el poder. Su elección se confirmó apenas unos días atrás, luego de que las autoridades duraran varias semanas resolviendo las impugnaciones de los resultados que interpuso la derrotada candidata de derecha, Keiko Fujimori.

En Ecuador también hubo comicios este año. Tras una primera vuelta muy competida en febrero pasado, finalmente clasificaron a segunda el conservador Guillermo Lasso y el izquierdista Andrés Arauz, ficha del expresidente y alumno aventajado del llamado “Socialismo del siglo XXI”, Rafael Correa, exiliado en Bélgica desde años atrás, luego de ser juzgado y condenado en su país. De hecho este había llevado al poder al saliente mandatario, su ex vicepresidente Lenín Moreno, quien a poco de asumir giró al centro y se enfrentó duramente a su páter político.

El triunfo de Lasso en el balotaje final fue, sin duda, un respiro para Colombia y los gobiernos de centro y derecha, ya que si Arauz hubiera ganado muy seguramente Correa habría regresado a Ecuador bajo algún tipo de figura que el gobierno de izquierda se inventara - como ocurrió en Bolivia- para esquivar la situación judicial del exmandatario.

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Incógnitas

En ese orden de ideas, de las cinco naciones que conforman la región andina dos tienen ahora presidentes de izquierda, otro tanto está en manos de gobiernos de centroderecha y la quinta es Venezuela, dominada por la dictadura chavista.

No es, por tanto, un escenario geopolítico cómodo para Colombia y su estrategia de relacionamiento en el vecindario.

Como se sabe, la administración Duque no tiene ningún tipo de entendimiento con el gobierno de Maduro. Por el contrario, Bogotá no solo reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, sino que lidera la estrategia internacional para aislar política, económica y diplomáticamente a la dictadura. De hecho, el chavismo, en una actitud que raya en el delirio, constantemente acusa al presidente Iván Duque de estar aliado con Estados Unidos para sacar del poder a Maduro, invadir militarmente a ese país o, incluso, asesinar al cuestionado líder.

Pese a que algunos sectores de derecha consideran que se generará un eje político entre Caracas, Lima y La Paz, esto no es tan claro. Tanto a nivel interno como externo Arce ha tratado de mantener cierta distancia prudente de Caracas, aunque restableció relaciones con el Palacio de Miraflores una vez asumió el poder a finales del año pasado. De hecho, es de los pocos países latinoamericanos en donde el embajador venezolano es designado por Maduro y no por Guaidó.

De otro lado Castillo, pese a que todos sus rivales lo acusaron durante la agitada campaña de ser un simpatizante del chavismo venezolano y de querer llevar a Perú al ya muy debilitado “Socialismo del siglo XXI”, ha negado insistentemente esos señalamientos, reiterando que su gobierno será “popular” y de “izquierda” pero sin injerencias extranjeras.

Sin embargo, tan pronto se posesionó ayer Castillo, el canciller del régimen venezolano, Jorge Arreaza, arribó a Lima. De inmediato se generó un debate político interno ya que Perú desde 2019 reconoció a Guaidó como legítimo gobernante. Incluso el principal eje latinoamericano de presión a la dictadura se llama, precisamente, “Grupo de Lima”.

Paradójicamente Castillo habló telefónicamente el lunes con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien además de felicitarlo le dijo que Washington espera de él "un rol constructivo" respecto de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

También resultó llamativo que a la posesión presidencial asistieron enconados críticos de la dictadura, como el rey Felipe VI de España, los presidentes de Colombia, Chile y Ecuador, pero también cercanos a esta, como el mandatario boliviano y hasta el propio Morales.

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Consecuencias

Como se dijo, el mapa geopolítico andino cambió. De entrada es claro que Bolivia y Perú no estarán en el eje de presión contra la dictadura.

En cuanto a la estrategia para enfrentar la pandemia, hasta el momento cada país de la región se ha movido autónomamente, sin mayor coordinación con sus vecinos, ni siquiera a la hora de decretar cierres de fronteras ni otros filtros sanitarios.

En el tema migratorio se vienen cambios, sobre todo ante la dificultad para adoptar políticas conjuntas en cuanto a la diáspora venezolana. Lasso mantiene una política migratoria restrictiva y Castillo dijo ayer que todo delincuente extranjero será deportado en menos de 72 horas, lo que obviamente afectaría a muchos venezolanos judicializados. Bolivia trata el asunto directamente con el gobierno chavista, en tanto Colombia es el país más adelantado en cuanto a regularización de los casi dos millones de ciudadanos de la vecina nación que están hoy en nuestro territorio.

No se espera una afectación mayor al proceso de integración que adelanta la Comunidad Andina de Naciones, cuya secretaría pro tempore acaba de entregar Colombia a Ecuador. De este bloque se salió Venezuela hace años y la agenda de hoy es más complementaria que obligatoria.

En donde sí podría verse un efecto más concreto del nuevo mapa geopolítico es en lo relativo al tema antidrogas. Colombia mantiene una alianza muy fuerte con Estados Unidos al respecto, no así Bolivia que choca con Washington en este asunto desde hace varios años y no se sabe qué vaya a pasar entre Castillo y la Casa Blanca al respecto.

En cuanto a la relación directa con Perú, tanto con Vizcarra como con Sagasti se llevaron a cabo los gabinetes binacionales y se fijó una agenda de acciones políticas, económicas, de seguridad fronteriza, cuidado de cuenca amazónica y en otros campos. Habrá que esperar cuál es el timonazo de Castillo a nivel interno (incluyendo una incierta reforma constitucional y un ajuste al modelo político y económico) para saber en qué se impacta la coordinación bilateral.

Por lo pronto, queda claro que en materia de escenario geopolítico Colombia quedó con un solo socio claro en la región andina (Ecuador), un gobierno que es enemigo jurado (la dictadura chavista) y dos administraciones de izquierda que aunque no comulgan con muchos de los énfasis políticos y diplomáticos de Bogotá, tampoco le harán contrapeso directo.