La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión contra el senador Richard Aguilar, del partido Cambio Radical, como presunto determinador de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, autor de interés indebido en la celebración de contratos y coautor de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros, por hechos que se presentaron cuando estaba al frente de la Gobernación de Santander.
Con el caso del senador Aguilar, son tres parlamentarios del actual Congreso que han sido privados de la libertad por orden de la Corte Suprema, pues antes fueron cobijados con esta medida el representante a la Cámara por Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, integrante del Partido Conservador, quien es señalado de presunta corrupción, y el entonces senador Eduardo Enrique Pulgar, de La U, quien renunció a la curul y fue condenado a cuatro años de prisión por intento de soborno a un juez.
La Corte Suprema dio a conocer que “la providencia fue adoptada en desarrollo de la investigación por supuestas irregularidades en varios contratos suscritos entre 2014 y 2015, cuando Aguilar Villa se desempeñaba como Gobernador del departamento de Santander. Hechos que también lo involucran con una posible concertación para delinquir y en los cuales al parecer abusó del poder que ostentaba y vulneró los principios de economía, planeación, transparencia y selección objetiva, fruto de lo cual se habría apropiado –para sí y para otros– de dineros públicos”.
Las presuntas irregularidades tienen que ver con contratos de obras e interventoría para el reforzamiento del Estadio en la Villa Olímpica de Bucaramanga (2015), obras de mejoramiento en la carretera San Gil–Charalá (2014) y en el corredor vial Agroforestal y Energético (2014), así como labores de mejoramiento en la vía Bucaramanga–Floridablanca (2014).
La investigación contra el senador Aguilar se desprende de las acusaciones de la exsecretaria de Infraestructura del departamento de Santander, Claudia Toledo, quien lo señala de haber recibido coimas millonarias por el contrato de remodelación del estadio Alfonso López.
En enero pasado, el parlamentario anunció que “solicitamos respetuosamente a la honorable Corte Suprema de Justicia que, en aras de mantener mi buen nombre y darme garantías en el proceso, se levante la restricción para que de igual manera, pueda salir a dar declaraciones frente a los medios de comunicación. En estas condiciones, en mi defensa solo puedo decir que han levantado en mi contra un muro de calumnias para contaminar la realidad procesal".
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Agregó Aguilar en esa oportunidad que “en mi caso he sido respetuoso manteniendo el silencio impuesto por la Corte Suprema de Justicia porque de hecho todos los involucrados sabíamos que esas filtraciones podrían ser perjudiciales para el buen desarrollo del proceso”.
El senador Richard Aguilar es hermano del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien ayer se manifestó en este caso señalando que "ante la situación de Richard Aguilar quiero manifestar que como hermano me duele. Como gobernante confío y espero que el sistema judicial actúe en derecho".
La medida de aseguramiento en contra del senador Aguilar tomó por sorpresa a todos en el Congreso, pues incluso el Parlamentario de Cambio Radical alcanzó a ser designado por la mesa directiva de la Comisión Tercera del Senado en el grupo de coordinadores ponentes para el proyecto de reforma tributaria que radicó el Gobierno nacional con mensaje de urgencia.
Los otros coordinadores ponentes por esta Comisión son los senadores David Barguil (Partido Conservador), Rodrigo Villalba (Partido Liberal) y Fernando Araujo (Centro Democrático).
La curul
Con la detención del senador Richard Aguilar se tiene que resolver por parte de la presidencia del Senado, a cargo de Juan Diego Gómez, qué sucederá con la curul que el político santandereano viene ocupando, en el sentido de si cabe la silla vacía o si, por el contrario, puede ser ocupada por quien le siga en la lista que presentó Cambio Radical en las elecciones de 2018.
Según el artículo 134 de la Constitución política, “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos, ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos”.
Al cierre de esta edición se conoció que el senador Aguilar renunció a su cargo para que el proceso pase a manos de la Fiscalía General de la Nación