Desde este sábado, Colombia empezó a escribir un nuevo capítulo en materia de bienestar animal, ya que a partir de ese día el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) debe exigir el pleno cumplimiento de la Resolución número 136 de 2020, expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cual se adoptó el manual de condiciones de bienestar animal propias de cada una de las especies de producción en el sector agropecuario para las especies équidas, porcinas, ovinas y caprinas, siendo obligados a cumplirlas todas las persona, naturales o jurídicas, que sean propietarios, tenedores o poseedores de predios de producción, operarios y cuidadores que estén relacionadas en las diferentes actividades durante el ciclo de vida de los animales.
El todo caso, el país pecuario debe tener claro que a partir de este momento y hasta el 2025 entraran en vigencia los manuales de bienestar animal, de manera escalonado, del resto de especies animales de producción, en octubre de este año lo harán las especies bovina, bufalina, las aves de corral y los animales acuáticos, en julio de 2025 serán exigibles para codornices, patos, pavos, gansos, avestruces, conejos, cuyes y abejas (Apis mellifera). Es decir, que para julio de 2025, las dieciséis especies de animales de granja tendrán un ámbito de protección jurídica que pondrá en el radar de las autoridades administrativas y penales a quienes vulneren las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico a estos animales.
Otro cambio trascendental, que aporta al mejoramiento de las condiciones de bienestar de los animales de granja, es en definitiva la nueva reglamentación mediante la cual se adopta el manual de procedimientos para el transporte, manejo y movilización de animales en pie, el cual modifica de manera definitiva las condiciones en la cuales se transportan los animales en el territorio nacional, estas disposiciones entraran en vigor en febrero de 2025.
Este es un proceso que inició con la expedición del Decreto 2113 de 2017 con el cual el país busca ponerse al día en sus compromisos internacionales como miembro activo de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OEI), a la cual ingresó en 1956, esperamos sesenta años para empezar a aplicar sus recomendaciones de brindarles un trato ético que optimice su salud y la producción. De entrada, sabemos que este progreso obedece a nuevas condiciones de mercado, no tanto a una concesión dictada por la racionalidad ética de nuestras autoridades, los consumidores cada vez menos son neutrales frente al trato cruel que se les da a los animales, así se trate de aquellos que históricamente han domesticados para el consumo.
Esta nueva realidad exige de las autoridades competentes un gran esfuerzo pedagógico, la creación de nuevas habilidades de inspección y vigilancia por parte del ICA, una comunicación coordinada entre las autoridades administrativas y judiciales frente la activación de nuevos escenarios de crueldad animal que a la fecha se encontraban exceptuados, tanto en el estatuto de protección animal como en el código penal.
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