RODRIGO POMBO CAJIAO* | El Nuevo Siglo
Viernes, 5 de Agosto de 2011

Leguleyismo de Corte Suprema de Justicia


“La denominada Farc-política se cayó, llegó a su fin”


GRACIAS  a la última decisión política de nuestra Corte Suprema de Justicia, nos quedaremos siquiera sin investigar, ya no digo, sancionar, a los delincuentes de cuello blanco que se hacían célebres y famosos por sus vínculos, nexos y anexos con los terroristas de las Farc. La denominada Farc-política se cayó, llegó a su fin y con ella, una vez más, la majestuosidad de la justicia colombiana.


Los señores magistrados en años anteriores ya habían iniciado el tan anhelado camino hacia la impunidad. Ya habían logrado diferenciar lo igual. Recuérdese que para ellos los guerrilleros, a pesar de cometer actos terroristas, no podían ser considerados jurídicamente como terroristas sino como subversivos por cuanto sus fines eran políticos y altruistas, con lo cual les era predicable el indulto y la amnistía. Por el contrario, los miembros de las autodefensas no solamente eran terroristas y narcotraficantes sino que, además, eran condenados por el delito del concierto para delinquir agravado, de suerte que ellos no podían ser ni indultados, ni amnistiados ni mucho menos perdonados como para que sus líderes se pudieran convertir en dirigentes políticos y democráticos como los ex terroristas del M-19.


Siguiendo las más lúcidas teorías neoconstitucionales, el ex presidente de dicho tribunal, Dr. Augusto Ibáñez, advertía que “el siglo XXI era el siglo de los jueces” y que en ellos recaían las más importantes decisiones políticas.

Por neoconstitucionalismo se entiende (para los efectos de este escrito y a la luz de la teoría constitucional) aquella visión que personaliza la decisión judicial y permite un alto grado de interpretación de la norma aplicable. Se habla entonces de aplicar principios y valores jurídicos que van más allá del texto escrito, de la ley y de su literalidad; se habla de aplicar la justicia material antes que la ley escrita; el juez puede fallar más allá de lo pedido y con base en fuentes extra-jurídicas, en fin, el juez se vuelve un todopoderoso que no tiene que estar sujeto a la ley, entendida ésta como la palabra democrática del legislador.


Pero el juez, además, es un agente político. Decide con criterios políticos para preservar su ideal de justicia y no tiene límites y cauces distintos a los de su argumentación y mesura.


De manera que, con tan significativos antecedentes políticos no era de extrañarse la decisión sobre la Farc-política, sin embargo, la forma como lo hizo, sí deja, ciertamente, mucho que desear.


Contrariando todas las tesis del neoconstitucionalismo, la Corte decidió apegarse a la literalidad y exégesis de la ley; al punto y a la coma y darle un alcance absolutamente restringido. Todo ello para acabar con un proceso judicial que no era de sus afectos.


La pregunta que cabe ahora es: ¿vamos a dejar en manos de unos jueces politizados la reforma a la justicia?
*Presidente de la Corporación Pensamiento Siglo XXI