* La presunción de inocencia
* Acusación del fiscal delegado
La Corte Suprema de Justicia decidió, hace unos años, que el senador Iván Cepeda era inocente en el caso de las ayudas y oferta de beneficios a ciertos reclusos frente a los testimonios dados contra Santiago Uribe Vélez y su hermano Álvaro por vínculos con el paramilitarismo. En esa oportunidad se adujo, por la corporación, que tales situaciones eran de índole humanitaria y por tanto no eran de carácter ilegal. De tal manera, el senador Cepeda salió exonerado de cualquier actuación irregular.
De ese mismo expediente, sin embargo, la entidad decidió abrir causa contra el expresidente y entonces senador Álvaro Uribe Vélez quien, en un viraje de 180 grados, pasó intempestivamente de denunciante de Cepeda a acusado de oficio por supuestamente recurrir a procedimientos similares, pero que ya no fueron calificados de humanitarios. Y en ese nuevo trámite se le endilgaron los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, con base, entre otras, en interceptaciones a su teléfono por vía de las escuchas a un tercero judicializado y que se le mantuvieron sin orden reglamentaria previa. En todo caso, las respuestas de su indagatoria no les fueron convincentes a los encargados del proceso, además sujetándolo a privación de la libertad por considerarlo individuo peligroso, que podía afectar las pruebas, al tiempo que los mismos instructores pedían seguirle juicio ante los magistrados de la sala sustantiva de la Corte.
Entonces, en su carácter de senador aforado, el exmandatario renunció a su curul, cambiando de instancia judicial de la Corte a la Fiscalía, alegando falta de garantías y obteniendo de las autoridades respectivas su libertad por considerar esa reclusión excesiva e innecesaria. Bajo esas circunstancias, además de la afectación jurídica, el expresidente no volvió a presentar su nombre al Senado, neutralizando en parte la acción de su partido con protagonistas supletorios e impactándose así el caudaloso respaldo electoral (el senador más votado en la historia colombiana), aunque manteniendo una bancada considerable. No en vano, como se ha reiterado en los diferentes medios de comunicación, ha sido la figura política preminente de las últimas décadas, dos veces primer mandatario (elegido en una sola vuelta), actualmente el expresidente con mayor favorabilidad (47,4%, Guarumo) y quien tiene amplio reconocimiento internacional, bien por seguir suscitando adhesiones personales de centro-derecha o el odio de la izquierda, sobre todo la más populista.
Acto seguido a la libertad del ex jefe de Estado, no prosperaron dos solicitudes de preclusión de su caso por parte de la Fiscalía y, ahora, cuatro años más tarde y en la tercera ocasión, un fiscal delegado decidió proceder a la acusación más o menos en los mismos términos de los instructores de la Corte (que ya no pertenecen a la corporación) y cuyo documento tiene algunos yerros como el nombre del padre de Uribe Vélez (no es Uribe Restrepo). Lo cual, si bien secundario, acaso muestra la premura que también se denota en la redacción del pliego que, no obstante, es claro en acusarlo de supuesto determinador de los sobornos a testigos en prisión y de fraude procesal al presuntamente intentar engañar a la Corte en esa dirección y con base en las actuaciones de su auxiliar jurídico, Diego Cadena, también procesado en expediente aparte.
Frente a ello, el exmandatario ha mantenido la misma línea de que jamás le ordenó a Cadena ninguna erogación o beneficio para los presidiarios, sino que actuara en consonancia con las insinuaciones voluntarias y autónomas hechas por estos de cambiar sus testimonios contra él y su familia, y su tramitación. Lo que Cadena ha aceptado en los tribunales, pero que, con el escrito acusatorio en mención, el fiscal delegado ha desestimado, aunque permanece inocente en tanto no se demuestre lo contrario, con un fallo inapelable, en firme y con tránsito a cosa juzgada.
Vendrá, pues, ahora, un juicio que se prolongará por años, tal vez lustros, comenzando porque la acusación formal ante el juez pertinente será hasta finales de mayo, recorriendo después de la primera instancia las demás e inclusive llegando de nuevo a la misma Corte para eventuales casaciones. En el transcurso los jueces y magistrados desestimarán o añadirán pruebas, habrá recusaciones o impedimentos, en síntesis, se darán todos los requerimientos del debido proceso que ciertamente deja avizorar un trámite jurídico dilatado.
Por su parte, la otra arista de estas circunstancias es la política. No tiene duda el expresidente en calificar la acusación de persecutoria, fruto de sus acciones de gobierno, carente de pruebas y, todavía más, una maniobra para llevar a cabo la pretensión de redimir a los criminales con supuestas leyes de punto final. Lo cual hace presumir que no se retirará de la arena política, ni de su influjo sobre la marcha nacional. Habrá, entonces, que esperar si permanece de jefe de la oposición en la sombra o cambia de escenario.