Uno de los problemas más recurrentes en el esquema de subsidios y transferencias directas económicas a la población más vulnerable es, sin duda alguna, el de la focalización, esto para evitar que personas que no tienen derecho a estos beneficios por parte del Estado terminen ‘colándose’ en los listados y desplazando a quienes sí requieren este tipo de apoyos.

En varias ocasiones los gobiernos han aplicado distintos filtros para depurar la base poblacional que puede recibir estos aportes, especialmente el llamado Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben). Sin embargo, por razones que van desde la politiquería en los niveles regionales y locales, pasando por la deficiencia en el cruce de datos entre entidades del orden nacional y terminando en un defecto estructural del sistema que lleva a que las personas se acostumbren, literalmente, a vivir de los subsidios, continúan presentándose muchas anomalías en este campo.

Años atrás una exdirectora de Planeación Nacional advertía sobre este último aspecto, alertando que los integrantes de muchas familias de bajos recursos, con tal de no perder los subsidios, se negaban a conseguir trabajo formal, acceder a vivienda propia, certificar una mejora en su calidad de vida e incluso admitir la compra de electrodomésticos y otros bienes y enseres, simplemente por temor a ser excluidos de las bases de datos de beneficiarios de estas ayudas.

En un país en donde los subsidios directos e indirectos abarcan casi una cuarta parte del presupuesto general anual, es claro que debe seguirse trabajando de forma eficaz en la depuración y focalización de las transferencias económicas a la población más vulnerable, sobre todo ahora, en la pospandemia.

En ese marco, constituye un campanazo de alerta lo denunciado por el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), según el cual se están investigando los casos de 20 mil mujeres que se habrían divorciado de sus esposos o separado de sus compañeros permanentes, lo que las habilitó para acceder a la Renta Ciudadana, el auxilio económico mensual que otorga el Estado a las madres cabeza de hogar con hijos menores de seis años.

Aunque debe establecerse caso por caso, cuáles de esos divorcios y separaciones son reales y cuáles no, este es un ejemplo patente de la necesidad de que la focalización de los subsidios sea cada vez más exigente y precisa. Lamentablemente hay mucha trampa en este campo y es imperativo detectar y denunciar a los ‘colados’.