Reingeniería a educación superior | El Nuevo Siglo
Martes, 9 de Abril de 2024

* Los nuevos alivios del Icetex

* Cuellos de botella por superar

 

Si bien es cierto que en Colombia los índices de acceso a la educación superior están por encima del promedio de la región, persisten una serie de cuellos de botella. De hecho, según datos de mediados del año pasado, la tasa de cobertura estaba cercana al 54%, siendo una de las principales metas para el 2026 llevarla, por lo menos, hasta el 62%. No es un objetivo fácil de cumplir, pero debe reconocerse que desde el gobierno Santos, luego en el de Duque y en el actual la educación ha sido el rubro presupuestal que más peso ha ganado en las destinaciones anuales de recursos de la Nación. De hecho, para este 2024 tiene la asignación más alta en toda la historia: 70 billones de pesos.

Sin embargo, como se dijo, hay trabas que han sido difíciles de superar pese a los esfuerzos económicos y gubernamentales de la última década y media. Por ejemplo, los índices de deserción en los programas de educación superior (profesional, tecnólogo y técnico) continúan siendo preocupantes. A ello se suma que hay una evidente barrera de calidad entre las instituciones públicas y las privadas, lo que se comprueba a cada tanto en los ránquines internacionales, salvo muy contadas excepciones.

En tercer lugar, no se puede desconocer que el rendimiento académico ha retrocedido, incluso desde antes del impacto de la crisis pandémica, como se deriva del mediocre desempeño de los estudiantes de secundaria en pruebas trasnacionales estandarizadas como las PISA, lo que se refleja necesariamente en las instancias universitarias. Igualmente, si bien la oferta en pregrados y demás categorías de la educación superior ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, todavía continúa muy concentrada en los cascos urbanos principales, en tanto que el acceso en la periferia es muy deficiente. Finalmente, en este diagnóstico no se pueden dejar de lado otros aspectos puntuales: los bajos porcentajes de especializaciones, doctorados y maestrías en Colombia; las deficiencias en talento docente cualificado y actualizado; infraestructura física anacrónica; baja penetración y uso de las nuevas tecnologías; y un índice irrisorio de grupos de investigación certificados…

Frente a todo ello, como se recalcó, el Estado colombiano ha ido aumentando los mecanismos de acceso a la educación superior, con estrategias focalizadas como “Ser Pilo Paga”, “Generación E” y matrícula gratis en instituciones públicas, hoy un programa de rango legal que beneficia a más de 750 mil alumnos. Paralelo a ello, las empresas y las universidades privadas han redoblado esfuerzos económicos y campañas para otorgar más becas e incentivos a estudiantes de alto rendimiento académico así como de bajos ingresos…

El otro flanco de apoyo al acceso educativo se concentra en los créditos adjudicados por el Icetex. Los tres últimos gobiernos han activado en su momento programas de alivio, sobre todo para las decenas de miles de deudores que entraron en mora en el pago de sus obligaciones, viendo crecer sus saldos de forma exagerada hasta el límite de hacerlos imposibles de sufragar. Cada uno de sus programas fue bienintencionado pero insuficiente.

La actual administración no ha sido la excepción, sobre todo tras el impacto de la disparada inflacionaria y la crisis económica. De hecho, a la disminución de intereses aplicada, en su primer año, a los usuarios en mora y al día, ayer sumó el llamado “Plan de Oportunidades”, iniciativa sin antecedentes a través del cual, por única vez, los 56 mil deudores que tenían su crédito con cartera castigada al 31 de diciembre pasado, por tener más de 360 días de mora, podrán hacer un acuerdo de pago y, al cumplirlo, se les condonará entre el 60% y 80% del capital adeudado, incluidos los intereses vencidos y moratorios.

También habrá beneficios para quienes están ‘colgados’ entre 31 y 360 días. Son 87.000 personas que podrán hacer un acuerdo de pago y obtendrán el descuento de hasta la totalidad de los intereses corrientes vencidos y de mora, incluyendo la actualización de reportes en centrales de riesgo. Finalmente, a partir del segundo semestre se activará una estrategia para reconocer a los usuarios que han sido cumplidos con sus cuotas, los cuales podrán acordar el pago anticipado del saldo de su crédito y obtener la rebaja de una parte del capital adeudado.

Obviamente son buenas noticias. Sin embargo, garantizar un mayor acceso, permanencia y calidad en la educación superior exige un esfuerzo mayor. En el Congreso ya se tramita un acto legislativo que torna este derecho en fundamental y se está a la espera del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Son esfuerzos normativos interesantes, salvo por las alertas tempranas en torno a que a través de ellos el Gobierno -como ocurre en otros sectores- busca estatizar la educación, afectar el rol clave de las instituciones privadas e incluso filtrar criterios ideologizantes en la instrucción primaria, secundaria y superior. Un riesgo que debe ser neutralizado de forma urgente para evitar que la reingeniería educativa pierda su norte.