EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve el informe de la Contraloría sobre la falta de accesibilidad del agua?

LUIS ANDRÉS FAJARDO: La Corte Constitucional reconoció que el agua es un derecho y, más adelante, en su jurisprudencia en el 2007, estableció que era un derecho fundamental y autónomo. Eso tiene una connotación importante porque, por un lado, está el derecho que tiene cada ser humano a poder contar con agua de calidad, accesible y disponible para su propia subsistencia.

Hay una relación intrínseca entre el agua, la salud, la vivienda digna y todas las condiciones de la dignidad humana, pero el agua también es un derecho colectivo, y cuando hablamos de derecho colectivo nos referimos no solamente a la accesibilidad al alcantarillado al agua para las comunidades, sino también al cuidado de ríos y afluentes en Colombia.

Desde esa perspectiva, el informe que entrega la Contraloría es importante, sobre todo en lo que tiene que ver con la accesibilidad del agua. Hay un gran problema porque el 50% de los municipios no cuentan con accesibilidad.

ENS: ¿Qué preocupaciones observa?

LAF: Cada día vemos que en las zonas rurales del país sigue habiendo falta de agua y está cobrando vidas humanas, como sucede en La Guajira o en Chocó. Esa circunstancia es sumamente grave, lo que quiere decir es que, si en 1993 hablábamos de derecho al agua, más de 30 años después seguimos todavía con un problema, en el cual jurídicamente le estamos dando fortaleza al derecho, pero en la realidad no está llegando el agua.

Los acueductos

ENS: ¿Cómo lograr mayor cubrimiento y acceso al agua?

LAF: El agua se cubre por diferentes vías: por las gobernaciones que se encargan de establecer los recursos, los municipios que desarrollan los proyectos, por las asociaciones públicas y privadas, en donde instituciones del orden nacional, del orden local se relacionan con entidades privadas para lograrlo.

Pero también con acueductos comunitarios, lo que sucede y eso lo hemos venido trabajando con la Defensoría, porque a veces los acueductos comunitarios recogen muchos de las costumbres, pero no se adecúan a la normatividad nacional que existe en materia de regulación para esos recursos.

ENS: ¿Qué ha hecho la Defensoría para lograr mayor acceso?

LAF: Hemos trabajado constantemente con los acueductos comunitarios para que se actualicen, participen en los cursos y, al mismo tiempo, labores de convivencia social, porque el acceso al agua no puede ser un problema que genere, como está ocurriendo en La Guajira, disputas territoriales y discusiones que se entornan en violencia.

Minería ilegal

ENS: ¿La minería ilegal viene afectando el agua?

LAF: Aquí no podemos ver el árbol y dejar de ver el bosque. Tenemos un problema hídrico nacional, de un grave nivel, porque lo que hemos visto es que ha habido un acrecentamiento de los grupos armados en los últimos años, y ese acrecentamiento tiene que ver con la presencia en los territorios, en donde la minería se ha convertido en el principal afluente de recursos, porque el precio de la coca disminuyó dos años y los grupos migraron justamente a la explotación minera, por un lado, desplazando a los mineros ancestrales y tradicionales, y por el otro lado ,generando una contaminación de alto impacto en los ríos, y de los afluentes de los cuales surge el agua que termina consumiendo las comunidades.

Hace dos años estábamos revisando la situación de Guaviare y lo que vemos es que muchas comunidades beben el agua del río. Cuando viene contaminado, bien porque no hay buenos PETAR en los municipios o simplemente porque hay contaminación como sucede en Chocó y Nariño, pues las comunidades indígenas que toman el agua del río se ven gravemente afectados.

ENS: ¿Cuál es el llamado que se le hace al Gobierno desde la Defensoría?

LAF: El llamado se relaciona mucho con el llamado que hace la Contraloría, en primer lugar al momento de revisar la ley de servicios públicos, una visión no de que el agua es un bien público, sino que el derecho al agua es un derecho fundamental y desde esa perspectiva enfocarse, sobre todo en una accesibilidad igualitaria especialmente en las zonas rurales, que lo que implica es un fortalecimiento de los acueductos comunitarios, teniendo en cuenta capacidades instaladas y conocimientos reales sobre las reglas técnicas.

Pero por el otro lado, proteger el agua de nuestro país, que significa proteger los ríos y hay sentencias de la Corte Constitucional que han dicho que los ríos son sujetos de derecho, y se refiere justamente a eso, a la protección del río, que es la protección de todas las comunidades ribereñas, creemos que ese enfoque debe ser prioritario, porque sin el agua de los ríos, el agua de los acueductos no va servir.