La Fiscalía formalizó la acusación contra cinco individuos vinculados con la criptomoneda Daily Cop por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos. Los acusados son Cristian Hernández, Omar Hernández, Leydi Góngora, Leonardo Galindo y Juan Piedrahita, excolaboradores de Daily Cop, señalados por su participación en la captación ilegal de fondos asociados a la criptomoneda.
Según la acusación, se identificaron 15 empresas receptoras de fondos, utilizadas para blanquear el dinero y dar una apariencia de legalidad al negocio. Estas empresas se encontraban ubicadas en zonas exclusivas de Cali, Valle del Cauca, y se encargaban de generar confianza en los inversionistas.
Uno de los puntos de mayor interés en este caso es la posible relación de los fondos captados con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Si bien algunos acusados han mencionado tener información al respecto, hasta el momento no se ha incluido esta temática en la acusación formal.
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La Fiscalía expuso que los implicados recibieron más de 126.702 millones de pesos colombianos, pero no otorgaron liquidez a la criptomoneda, lo que derivó en un enriquecimiento ilícito. Además, se ha informado que las denuncias de las Fiscalías en diferentes municipios ascienden a un total de 8.234’975.698 pesos colombianos, relacionados con este caso.
Un punto relevante es la solicitud de algunos acusados, como Omar Hernández y Cristian Hernández, para acogerse a un principio de oportunidad a cambio de brindar información sobre los supuestos aportes de Daily Cop a la campaña de Petro. Esto sugiere una posible conexión entre la captación ilegal de fondos y el ámbito político, aunque esta vinculación aún no ha sido formalizada.
La jueza a cargo ha ordenado mantener el proceso en reserva, argumentando que la publicidad mediática podría afectar negativamente la colaboración de los testigos. Esta medida busca preservar la integridad del proceso judicial y garantizar la veracidad de la información presentada en las audiencias próximas, programadas para junio y julio, donde se presentarán las pruebas para el juicio.
En este contexto, la defensa de algunos acusados ha solicitado medidas de protección debido a amenazas e intimidaciones, lo cual refleja la complejidad y sensibilidad de este caso que involucra aspectos financieros, políticos y de seguridad.