La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena de 21 años y 8 meses de prisión, junto con una multa significativa contra el exgobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien fue hallado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros, relacionados con contratos millonarios para el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

La decisión de la Corte, dictada el pasado mes de febrero, refleja la gravedad de los actos cometidos por Monsalvo Gnecco durante su mandato como gobernador del César. Según el magistrado Ariel Augusto Torres, el exfuncionario generó un sobrecosto de 3.000 millones de pesos en contratos relacionados con la operación del PAE en el departamento durante el año 2015.

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Las investigaciones demostraron que estos contratos se llevaron a cabo sin cumplir los requisitos legales establecidos, lo que resultó en un detrimento patrimonial para el Estado y afectó directamente a los beneficiarios del programa de alimentación escolar.

El alto tribunal indicó que el exfuncionario es “coautor responsable del punible de peculado por apropiación agravado en favor de terceros en concurso heterogéneo con el delito de contrato sin cumplimiento de requisito legales”, la causa que también lo imposibilitó para ejercer sus derechos y responsabilidades públicas durante un lapso equivalente al tiempo de su sentencia de prisión.

Los magistrados avalaron los argumentos de la Fiscalía General de la Nación que demuestran cómo el exgobernador incurrió en una serie de irregularidades durante el trámite, suscripción y liquidación de un contrato de suministro de alimentos para los estudiantes del departamento; así como la apropiación de más de 1.537 millones de pesos a favor de terceros. Por ello, además de la condena de prisión, que incluye una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo equivalente, se impuso al exgobernador una multa económica de más de 1.537 millones de pesos como parte de las consecuencias legales por sus acciones.

Según la investigación, el 21 de agosto de 2015, la Gobernación del Cesar, en el marco del Plan de Alimentación Escolar (PAE), firmó un contrato por 17.145 millones de pesos para prestar el servicio de alimentación a niños, niñas y adolescentes ubicados en zonas rurales y urbanas.

La Fiscalía evidenció que el exgobernador direccionó el contrato para favorecer a un contratista previamente determinado. La investigación demostró que el proceso licitatorio fue irregularmente estructurado, de forma tal que, en los estudios previos, no se tuvo en cuenta el número de estudiantes que serían beneficiados, ni se estableció la cantidad de raciones que debían ser entregadas.

Tampoco se realizaron estudios nutricionales para determinar los alimentos a suministrar, no se priorizaron menores de edad en situación de vulnerabilidad, ni se establecieron dietas o complementos alimenticios, y se omitieron análisis de mercado. Esto representó sobrecostos por 1.537 millones de pesos.

El fallo además ordena al INPEC trasladar al hoy condenado a un centro carcelario para que cumpla su condena. Esta sentencia corresponde a un fallo de primera instancia y tanto la Fiscalía como la defensa apelaron la decisión.

La defensa de Monsalvo Gnecco anunció que apelará la sentencia, destacando el comportamiento "ejemplar" de su cliente durante el proceso judicial. Sin embargo, la contundencia de las pruebas presentadas llevó a la Sala Penal a tomar una decisión ejemplarizante en este caso emblemático de corrupción en el país.