Iván Name, presidente del Senado, confrontó las acusaciones en su contra durante el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En un discurso frente al Congreso, Name afirmó: "No recibí dineros ilícitos".
En sus propias palabras, Name se mantuvo firme ante las acusaciones, destacando su compromiso con la legalidad y su disposición a enfrentar cualquier proceso judicial que se derive de las imputaciones en su contra. Rechazó vehementemente cualquier vínculo con actos de corrupción, señalando que su historial y acciones son evidencia de su integridad.
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"Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale", declaró el congresista, enfatizando su disposición a someterse a la jurisdicción correspondiente.
Name refutó las acusaciones de recibir dinero ilícito para favorecer reformas gubernamentales, asegurando que su posición en contra de ciertas políticas demuestra su independencia y ética política. En cuanto a las reformas, afirmó: "No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos".
El presidente del Senado también abordó las críticas respecto a su posición frente a ciertas reformas, reafirmando su compromiso con el debate democrático y el respeto por las decisiones institucionales. "Nunca he sido un saboteador", aseguró Name, destacando su postura crítica pero constructiva en el ámbito legislativo.
En relación con las denuncias específicas que lo vinculan con actividades ilícitas, Name las calificó como "infundadas" y atribuyó su origen a individuos con intereses cuestionables. "Acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial respaldada por un abogado con un prontuario internacional, no sé con qué tarjeta litiga todavía hoy y eso hay que preguntarlo", mencionó Name, subrayando la necesidad de un análisis riguroso de las acusaciones en el marco legal correspondiente.