La Defensoría del Pueblo le hace un llamado al Gobierno Nacional, con el propósito de que establezca una estrategia definitiva, acompañada de plenas garantías, la cual permita el goce de derechos de los 2130 indígenas asentados en varios lugares de Bogotá, como, por ejemplo, el Parque Nacional y el Parque La Florida.

“Desde el 2021, cuando cientos de familias de la comunidad Embera llegaron a la capital del país, han sido realizados nueve retornos, que hemos acompañado como Defensoría del Pueblo. Sin embargo, tras el seguimiento hecho, a través de nuestras Delegadas para la Conflictividad Social y de Movilidad Humana y la Regional Bogotá, podemos decir que el 80 por ciento de las personas que ha retornado a sus territorios, regresó a la ciudad. El retorno, como única estrategia de solución al asentamiento de comunidades indígenas en Bogotá, ha fracasado”, asegura el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

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La entidad de derechos humanos ha evidenciado la situación de los Embera en el territorio, así como la falta de cumplimiento en los planes de retorno, establecidos por los diferentes gobiernos. Por tal razón, el Defensor pide establecer nuevos mecanismos: “Una salida que no se base únicamente en los retornos de las comunidades, y cuando se hagan, siempre con las debidas garantías en los territorios de las comunidades indígenas”.

La Defensoría informó que a la fecha se registra un incumplimiento de la integración local de los pueblos indígenas.

“Es clave incluir a los líderes de los Embera que están en Bogotá en la construcción del ‘Plan de Retornos y Reubicaciones Étnicas’, igualmente, establecer una ruta individual étnica para el retorno a sus territorios o la reubicación en la capital de los colombianos”, indica Carlos Camargo Assis.

Además, explicó que es necesario generar espacios de concertación y seguimiento, promoviendo un mayor apoyo y corresponsabilidad con los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda); de la misma forma, establecer espacios de diálogo con las autoridades indígenas; también, facilitar traductores oficiales en la lengua indígena, para que el proceso de comunicación entre la población indígena y las instituciones distritales y estatales pueda desarrollarse de manera armónica.

“La articulación nación-territorios debe ser más eficaz, para que los ministerios que han sido citados y no han participado en las mesas técnicas de coordinación propuestas por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, se sumen a la solución de la actual problemática”, remarcó el Defensor del Pueblo.